La Perla

MILAGROSA MARTÍNEZ, CONEGUDA COM La Perla en el sumari Gürtel, és la presidenta de les Corts Valencianes i s'ha fet famosa per acceptar un rellotge de 2.400 euros del Bigotes en la seva etapa com a consellera de Turisme. Prèviament, el seu departament li havia assignat contractes per diversos milions d'euros perquè li muntés amb una quadrilla les prestatgeries de Fitur.

Igual que Tony Blair cridava amb un "eh, tio" als periodistes que no recordava com es deien, Milagrosa feia el mateix amb tothom, però en versió valencià-castís. Si la interpelava un informador, ella li deia "eh, Perla", si la trucava el president de la Generalitat, ella li responia "què tal Perla!", i si ho feia El Bigotes, doncs el mateix.

Cinc conclusions de 50 mil folis

50 MIL FOLIS NO es poden examinar en unes hores, però els mitjans de comunicació ja tenen les seves primeres impressions sobre la part del sumari del Cas Gürtel que ha estat desclassificada. Segons he llegit, del seu treball periodístic es poden extreure i posar sobre la taula cinc apunts al natural:

La Filesa pepera

LO QUE NOS FALTABA. Una Filesa en el PP, que se llama Orange Market. En ambos casos, una tapadera para financiar ilegalmente a un partido político. A la espera de que el escándalo se decante hacia uno u otro lado. O sea, hacia el presidente de la Comunidad de Valencia, Francisco Camps, o hacia el ministro del Interior, Pérez Rubalcaba. Uno de los dos es indigno de seguir gestionando los intereses de los ciudadanos.

El reduccionismo es una herramienta del periodista para trasladar un mensaje claro, fácil de entender. En este caso la utiliza con acierto un diario de Madrid al editorializar sobre la supuesta financiación irregular del PP valenciano, canalizada a través de la empresa Orange Market (la sombra del caso Gürtel, otra vez), según un informe de 89 páginas de la brigada policial encargada de perseguir el blanqueo de dinero dentro de la Unidad Central de Delincuencia Económica.

Mensaje reduccionista pero atinado. Si es cierto lo que se cuenta con todo detalle en el referido informe policial, conversaciones telefónicas incluidas -se supone que autorizadas por el juez-, el presidente valenciano, Francisco Camps, el vicepresidente Rambla y la cúpula del PP de la región deberían irse de la política inmediatamente, amén de las responsabilidades penales que hayan podido contraer.

Si, por el contrario, todo es un montaje político urdido desde el Ministerio del Interior, como ha sugerido el portavoz del PP a escala nacional, González Pons, el comportamiento indigno sería el del ministro Rubalcaba y de los mandos policiales que hubiesen ordenado este abominable trabajo de campo para desacreditar a una institución, la Generalitat valenciana, a un partido político, el PP, y a sus dirigentes. Esa parece ser la tesis del PP, la de que detrás hay una 'mano política'.

El líder nacional del partido, Mariano Rajoy, no es tan explícito. Echa balones fuera al recordarnos que no hay caso porque los jueces han exculpado a Camps y han rehusado entrar en este asunto. Se refiere a la negativa del Tribunal Superior de Justicia de Valencia a incorporar el supuesto de financiación ilegal a la sobreseída causa del “cohecho impropio” (los regalos).

Pero un líder no puede quedarse ahí. El asunto es demasiado grave como para atenerse sólo a una decisión judicial (TSJV) que, por cierto, no coincide con otra decisión judicial (TSJM), que sí ve indicios de delito. Sobre todo si la opinión pública ya ha interiorizado que el presidente del TSJV, Juan Luis de la Rúa, es amigo íntimo de Camps, como ambos han declarado sin ningún complejo. Ya sabíamos de la decisión de los jueces. Lo que no sabemos aún es si el PP de Valencia se ha financiado o no ilegalmente. Y Rajoy no ha despejado a duda. Si lo sabe, sería el máximo responsable político. Si no lo sabe, mal hace su trabajo.

POR UNA FILTRACIÓN SUPO Luis Bárcenas este fin de semana que el juez Monterde está redactando el suplicatorio para actuar contra él por presuntos delitos de cohecho y fraude fiscal. Por tanto, se va un minuto antes de que se cumpla la condición de su alejamiento transitorio como tesorero del PP, aunque sigue atornillado al escaño del Senado que le otorga el aforamiento. Fueron suficientes los contactos de su abogado, Miguel Bajo, en el Tribunal Supremo, para aconsejarle ese paso atrás que, salvo Rajoy, Arenas y Ana Mato, le venían reclamando todos los dirigentes del partido.

Así que después de asistir en silencio al comité ejecutivo, el último de la temporada política, se reunió a solas con Mariano Rajoy, le presentó su renuncia como tesorero del PP y ambos cocinaron los dos escuetos comunicados que hoy se publican en los medios. Solo hasta que se demuestre su inocencia, aclaran ambos. Por lealtad al PP y a su presidente, precisa Bárcenas. De común acuerdo con Rajoy, añade. Una sutil forma de despreciar a los órganos de dirección, aunque se atribuye a todo el PP el depósito de confianza en la inocencia de Bárcenas que expresa el comunicado oficial.

La dimisión de Luis Bárcenas tiene una primera consecuencia en el PP. Desvía la tensión hacia Francisco Camps, que es la otra punta política de un iceberg llamado 'Gürtel'. Solo en apariencia. Me explico. Tal vez el presidente valenciano quede más expuesto ahora en ámbitos mediáticos y políticos. Sin embargo, conviene no olvidarse del protagonismo de Bárcenas en un sumario de 30.000 folios, donde se reflejan episodios todavía inéditos. Si con el secreto de las actuaciones se disparó el grado de conocimiento sobre la vida y milagros del tesorero, imaginemos el cuadro cuando se levante el secreto sumarial. Es cierto que entonces las referencias ya serán al ex tesorero del PP, pero seguirá viva su condición de parlamentario de este partido.

Hasta ahora han sido medios de comunicación. Luego pueden ser autos de procesamiento. Uno para Bárcenas, en el Tribunal Supremo. Otro para Camps en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Eso no ha cambiado en absoluto. Ambos seguirán conteniendo la respiración ante los autos judiciales que les acerquen o en su caso les alejen del banquillo. Ese horizonte, el judicial, no está cerrado ni mucho menos para ninguno de los dos. Por eso no se entiende que dentro y fuera del PP se interprete esta dimisión “transitoria” como un alivio para Rajoy en vísperas de las vacaciones de verano.

Amén de que bajará el ruido de pasillos, solo como elemento de prueba contra quienes le creían sometido al chantaje de Bárcenas podría el líder del PP rentabilizar la caída del tesorero. En lo demás, el caso Gürtel seguirá siendo el gran quebradero de cabeza de Rajoy. Como mucho disfrutará de la tregua que se avecina en el calendario judicial, despachando el inminente suplicatorio como un permiso que el juez Monterde pide al Senado para indagar en la conducta supuestamente delictiva del tesorero del PP mientras ejercía como tal.

Solo eso porque, en realidad, oficialmente el PP sigue creyendo en la inocencia de Bárcenas, que al final podrá demostrarla, que las pruebas son muy endebles y que el desenlace judicial sólo podrá ser el archivo o la exculpación . Es más, en la calle Génova no creen que la petición de suplicatorio por parte del juez Monterde sea algo inminente. Bueno, cada uno es libre de engañarse como le venga en gana.

El fuero y el huevo

LA SITUACIÓN INTERNA DEL PP está llevando a su dirección nacional a cometer algunos excesos. Reacciones desmedidas que parecen inspiradas en el deseo de desviar la atención sobre las implicaciones de sus cargos públicos en el llamado caso Gürtel. Esto es lo que ha ocurrido, por ejemplo, a raíz del viaje del ministro Moratinos a Gibraltar, respecto al que significados dirigentes del PP se han rasgado las vestiduras con expresiones tan duras como “traición histórica”, “dignidad herida”, “terrible error”, etc., por entender que el Gobierno está tratando a Gibraltar como un país soberano.

Estamos ante el viejo dilema de las cancillerías en el campo de las relaciones internacionales: confrontación o cooperación. Respecto a Gibraltar, España puede dedicarse a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones locales y, sobre todo de los 3.000 españoles que pasan cada día la verja para trabajar en la colonia. Se trata de resolver problemas prácticos: transportes, actividades culturales, visados, protección social, comunicaciones, colaboración policial, etc.

Pero también podría recurrir, como parecen sugerir algunas de esas reacciones patrióticas, inspiradas por el doloroso verso suelto en el orgullo nacional, que el Zapatero recurriese al método Perejil, patentado por Aznar cuando se desplomó la autoestima de los españoles porque media docena de marroquíes desembarcaron en un inhóspito islote próximo a la costa. Es decir, invadir militarmente el Peñón "al alba y con viento de levante". ¿Qué les parece?, ¿valdría la pena?, ¿se calmaría la sed de dignidad y justicia histórica de quienes se duelen por esta espinita clavada en la provincia de Cádiz?

Por eso digo que se trata de elegir entre el fuero y el huevo. El huevo es el fomento del diálogo y la cooperación a ambos lados de la verja. El fuero es el principio de integridad territorial y el derecho de España a recuperar la soberanía, como consecuencia del mandato descolonizador de las Naciones Unidas y el artículo 10 del Tratado de Utrecht.

El Foro del Diálogo creado a finales de 2004 fue el comienzo de la actual etapa de distensión. Se trató de un acuerdo ‘tripartito’ (Reino Unido, España y Gibraltar), que consistía y consiste en resolver cuestiones de huevo. O sea, asuntos prácticos, como la seguridad marítima, los visados, el Medio Ambiente o la lucha contra el crimen organizado. Fueron los temas tratados en este tercer encuentro tripartito, que ha dado lugar al precedente histórico de la visita oficial de un ministro español a la roca por primera vez desde hace 300 años.

Respecto al fuero, se aparca pero no se olvida. Por si quedaban dudas, el ministro Moratinos recordó en la rueda de prensa posterior que la reivindicación de la soberanía española sobre el Peñón es "irrenunciable".

Too much

ZAPATERO ANUNCIÓ AYER UNA ‘reforma legal’ que establezca “qué es la vida útil” de una central nuclear, y que “para prorrogar su funcionamiento obligue a evaluar su impacto ambiental”. Es la mayor bobada que leído en la prensa en las últimas semanas. Supongo que el Presidente pretende, tal vez, sacarse la espina de las movilizaciones contra su intento de cerrar la planta de Garoña adecuando la legislación a sus particulares prejuicios. Una central nuclear tiene una ‘vida de diseño’ -el periodo para el que fue concebida-, que se prorroga o se acorta en función de distintas variables directamente relacionadas con su funcionamiento.

Es incomprensible que para Zapatero los informes del Consejo de Seguridad Nuclear no basten a la hora de determinar si una central nuclear es o no segura, que es de lo que se trata. Además, resulta frívolo que en lugar de abrir con rigor el debate nuclear en España, Zapatero se limite a plantear una modificación normativa restrictiva, mientras España parchea su grave déficit energético comprándole a Francia electricidad generada en plantas atómicas galas.

El sonoro portazo con el que Mikel Buesa abandonó hace días UPyD es otra de las noticias que me llama la atención en la prensa de hoy. UPyD parecía tan perfecta… Pero Buesa dio la voz de alarma sobre la situación interna real. Pues bien, la dirección del partido ha abierto expediente disciplinario a 14 dirigentes, algunos de ellos coordinadores autonómicos o provinciales, por los contenidos de una página web en la que anuncian una candidatura al I Congreso de UPyD previsto para noviembre. Los expedientados formulan acusaciones bastante graves contra la dirección.

Hablan de ‘sectarismo’, de ‘purgas’ contra los discrepantes y se quejan de que no se acepten las listas abiertas. UPyD ha despertado grandes expectativas como alternativa a los partidos tradicionales. Muchos ciudadanos le han dado su voto en las últimas convocatorias electorales. La cúpula que encabeza Rosa Díez no puede caer en los vicios propios de la partitocracia si no quiere que la aventura se frustre.

Por último, y para redondear el día informativo, me entero por un cintillo en el Canal 24 Horas que el juez encuentra indicios de delito de cohecho en la actuación de Francisco Camps como presidente de la Comunidad Valenciana. Los famosos trajes, que han logrado que el líder popular sea considerado por una revista de moda masculina como uno de los más elegantes del mundo, fueron pagados por una empresa de Correa, según estima el juez. A Rajoy se le acumulan ya los expedientes: por alguna alineación planetaria extraña Bárcenas y Camps siguen en su puesto ¡Oye y que no dimiten! y… ¡no los echan! Increíble. Como veis el día ha sido too much.

El final de la escapada (y ii)

FRANCISCO CAMPS COMPARECE HOY ante el juez que instruye la ramificación valenciana del caso Gürtel. No como testigo, que le obligaría a decir la verdad bajo juramento, sino como imputado, que le permite ir con abogado e incluso mentir para defenderse. Puede pasar de todo a partir de ahora, cuando la deposición judicial de Camps se cruce con la de su amigo, Álvaro Pérez, y luego la del sastre, José Tomás, citado para mañana, jueves. Puede que se esté fraguando el archivo de la causa por falta de relevancia penal. Y puede que se desborde la imputación por cohecho y se amplíe el campo indagatorio al tráfico de influencias y la prevaricación.

Mientras hacemos quinielas, reparemos en una significativa actuación del juez, José Flors, que conocimos ayer. Me refiero a la convocatoria de treinta y cinco funcionarios de la Generalitat. Pertenecen a siete consejerías distintas y están citados para deducir de sus respectivos testimonios si hubo irregularidades en los contratos adjudicados a Orange Market (trama ‘Gürtel’), por valor de unos ocho millones de euros. Una cuarta parte de los mismos, por adjudicación directa.

Se da la incómoda circunstancia de que el propietario de dicha empresa, el tal Álvaro Pérez (“El Bigotes”), tenía a bien practicar la elegancia social del regalo (sobre todo, vestuario) con el president, Francisco Camps, y otros, según consta en una copiosa acumulación de pruebas documentales y testificales. Lo que no se sabe, y esa es la madre del cordero, es si hay relación causa-efecto entre los regalos y la carga de trabajo oficial que recaía en Orange Market. De eso se trata.

Se ve que el instructor descuenta lo de los regalos. No tiene nada de malo. Todo lo contrario. Jamás este conspicuo magistrado osaría reprobar el sano ejercicio de la generosidad entre amigos que se quieren “un huevo”, según la espontánea expresión de Camps en diálogo grabado con Álvaro Pérez. Asunto muy distinto es tratar de saber si aquella generosidad estaba siendo retribuida. En otras palabras: el magistrado quiere saber si los regalos servían para ablandar el celo funcionarial y político de Camps, Costa y otros a la hora de repartir la carga de trabajo. Eso ya es bastante más complicado porque consiste en determinar si la conducta de Francisco Camps encaja en el “cohecho”, que es el tipo descrito en el artículo 426 del Código Penal.

El nudo de la cuestión: ¿Un “cohecho” de 12.000 euros en trajes a cambio de concesiones por valor de ocho millones? Es un desafío al sentido común suponer que el presidente de la Comunidad Valenciana se ha “vendido” por 12.000 euros. Lo mismo que imaginar acreditando semejante cosa a alguno de los treinta y cinco funcionarios citados por el juez que, lógicamente, se limitarán a acreditar la legalidad de los procedimientos administrativos seguidos en la concesión de obras. Incluidas las que se hicieron sin concurso público, que no son en absoluto ilegales si se atienen a los umbrales máximos de gasto para utilizar ese procedimiento.

De todos modos, me parece forzada y artificial la alegría en el entorno de Francisco Camps y los dirigentes nacionales del PP porque, dicen, al fin podrá defenderse. Como si hasta ahora se lo hubiera impedido alguien. Valoran su declaración judicial de hoy como el fin del juicio paralelo y el principio de unas actuaciones judiciales cuyo desenlace será –con eso cuentan- la exculpación penal del president. El cálculo es un tanto arriesgado. Aunque no le falta base, como ya hemos visto, peca de voluntarismo. El asunto tiene escasa relevancia penal. Vale. No por las cantidades sino por la dificultad de demostrar que esos regalos se hicieron en razón del cargo que ocupa Camps. Pero, como ya expliqué ayer, Camps puede librarse del reproche penal, que depende de los jueces, pero no del reproche político, que depende de los votantes.

El final de la escapada

LA IMPUTACIÓN DEL PRESIDENTE de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y del número dos del Partido Popular en esa comunidad, Ricardo Costa, por el Tribunal Superior de Justicia del País Valenciano marca un punto de inflexión en la trama de corrupción del PP y sitúa a Mariano Rajoy en una encrucijada de muy difícil solución si no dimiten esos personajes de sus altos cargos.

La presunción de inocencia es un mecanismo de naturaleza penal que no se compadece con la asunción de responsabilidades políticas que pertenece a otro género de las relaciones de los cargos públicos con sus responsabilidades. La presunción de inocencia no inhibe de la obligación de asumir responsabilidades políticas en la medida en que los acontecimientos y las evidencias éticas indican comportamientos contrarios a los que debe soportar un responsable público.

Tanto el presidente Francisco Camps como Ricardo Costa han dispuesto de tiempo más que sobrado para dar algún tipo de explicación sobre la recepción de dádivas y regalos en forma de prendas de vestir por importantes montos de dinero que además la investigación judicial pone en relación con contratos públicos y del PP conseguidos por quienes realizaron los agasajos.

Durante la primera parte de la investigación judicial, Mariano Rajoy y el PP utilizaron la personalidad controvertida del juez instructor, Baltasar Garzón, para desacreditar el procedimiento judicial y se encastillaron en una supuesta operación de acoso al Partido Popular con finalidad de desacreditarlo políticamente. Ahora es una institución judicial acorde con la condición de aforados quien ha imputado a estos responsables políticos por delitos muy graves. La parálisis se ha vuelto en contra y las viejas denuncias contra Garzón son ahora una espada de Damocles para un partido inmerso en una trama de escándalos que exige una respuesta inmediata, urgente y drástica.

Este miércoles veremos que argumenta Francisco Camps ante el juez y, como reacciona el PP.

Un Jaguar de regalo

FRANCISCO CORREA, PRINCIPAL IMPLICADO en el 'caso Gürtel', regaló en diciembre de 1999 un Jaguar a Jesús Sepúlveda cuando éste era senador del PP por Murcia, se encontraba casado con la diputada y miembro de la Ejecutiva Nacional Ana Mato y estaba considerado como un hombre de confianza del entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, hasta el punto de que era secretario nacional del Área Electoral. La noticia la desvela hoy El Mundo.

Según la investigación del periodista Antonio Rubio, que tiene los documentos que acreditan que Correa pagó, el 17 de diciembre de 1999, la cantidad de 8.663.700 de pesetas (52.190 euros) a un concesionario de la prestigiosa marca británica de coches de lujo y cómo cinco días más tarde ese vehículo fue matriculado en Madrid a nombre de Jesús Sepúlveda Recio. Sepúlveda dimitió el viernes como alcalde de Pozuelo de Alarcón.

Michavila, el Albondiguilla, Farruquito y Shakira

EL CERCO EN TORNO AL diputado del PP José María Michavila se estrecha. Las sospechas sobre si compatibiliza de forma legal sus actividades privadas con su escaño de diputado aumentaron ayer, después de que el Congreso anunciara que investigará a dos letrados de las Cortes con quienes comparte el bufete Eius Abogados. Precisamente, este despacho puede convertirse en otro foco de problemas para Michavila, ya que posee una notable presencia en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, municipio madrileño epicentro del 'caso Gürtel'.

La dimisión como alcalde del imputado Arturo González Panero, el Albondiguilla, con quien Eius mantenía una relación privilegiada, no ha enfriado el vínculo de este despacho con Boadilla. De hecho, la primera decisión que tomó el sucesor de Panero, el alcalde accidental Juan Siguero, fue confirmar en su cargo de director jurídico a Carlos Ruiz Cabrera, ex abogado de Eius, donde prestaba asesoramiento en materias de protección de datos y propiedad intelectual.

Se da la circunstancia de que Ruiz Cabrera había sido precedido en su puesto por otro hombre de Michavila, Francisco Javier González Sánchez, Farruquito. González Sánchez había sido nombrado en junio de 2007 por Panero, el mismo día que el ex alcalde designó a César Tomas Martín Morales, amigo de Francisco Correa, asistente técnico de Urbanismo.

Así, pese al cambio de alcalde, el poder dentro del Ayuntamiento de Boadilla apenas se ha movido de manos, y el despacho de Michavila ha logrado conservar su influencia. Buena prueba de este inmovilismo es que el nuevo alcalde también volvió a nombrar a otros cargos de confianza de Panero, como Laura Samaniego -prima de la mujer de el Albondiguilla-, y a Elena Cerezo -esposa de David Pérez, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid-.

"Esto es una agencia de colocación de militantes y familiares de cargos del PP con unos sueldos escandalosos. Esperanza Aguirre no es tan liberal como dice porque tiene a familiares de medio partido cobrando de las instituciones públicas, una auténtica vergüenza" declaró Ángel Galindo, Portavoz de Alternativa por Boadilla. Según fuentes municipales, Panero sigue muy de cerca todo lo que acontece en el consistorio, hasta el punto de que "se ha montado un despacho frente a la puerta de la alcaldía, desde donde vigila como el 'ojo de Sauron' lo que entra y lo que sale".

Los negocios de Eius en Boadilla

Pese contar con abogados en nómina, el Ayuntamiento de Boadilla no dudó en contratar en distintas ocasiones los servicios de Eius Abogados. En el contencioso por el polémico 'regalo' a la SGAE del Palacio del Infante don Luis, fueron dos abogados de este despacho, Alberto Dorrego -director del bufete- y Alfredo Dagnino, quienes defendieron a la sociedad de autores y al Ayuntamiento en la demanda interpuesta por Alternativa por Boadilla.

Por otra parte, Dorrego también colabora con otro imputado en 'Gürtel', el tycoon mesetario de los ladrillos y los medios, José Luis Ulibarri, a su vez beneficiado por Panero con la adjudicación de la construcción de 139 viviendas en Boadilla. Dorrego es secretario de Mediamed Comunicación Digital, brazo mediático de Ulibarri, adjudicatario de 13 licencias de TDT por la Generalitat valenciana, donde la hermana de Michavila ejerce como jefa de gabinete del presidente Francisco Camps. Según el diario Levante, el despacho de Michavila cobró al menos 150.000 euros a Mediamed antes de la adjudicación de TDT. Asimismo, el bufete Eius asesoró en el PAI del golf de Xilxes en el que participa Ulibarri.

Michavila habría participado también como mediador en una operación urbanística en Boadilla. De acuerdo con El Mundo, el ex ministro pidió seis millones para ejercer como intermediario entre el Ayuntamiento y Global Health -su empresa cliente, que fue administrada por Dorrego- en la malograda ciudad sanitaria que la Mutua Madrileña pretendía levantar en esta localidad. Este diario trató de ponerse en contacto ayer sin éxito con Michavila y con la sede de Eius Abogados, cuya página web ha sido bloqueada en las últimas horas.

Investigación del Congreso de los Diputados

Ahora, Dorrego y su colega de despacho Andrés Jiménez deberán justificar en el Congreso de los Diputados, donde trabajan como letrados, que sus actividades privadas no violan el Estatuto del Personal de la Cortes. El secretario general del Congreso anunció ayer a la Mesa de la Cámara que investigará si los trabajos en Eius de Dorrego y Jiménez son compatibles con su función en el Parlamento.

El propio Michavila podría ser el próximo en tener que dar explicaciones sobre sus actividades, ya que, como ditupado, está sujeto al Régimen Electoral General (LOREG), cuyo Capítulo II incluye como incompatibilidades el desempeño de cualquier otro puesto público o privado retribuidos. En particular, es en todo caso incompatible la actividad de contratista o fiador de obras, servicios, suministros y, en general, cualesquiera contratos que se paguen con fondos de organismos o empresas del sector público estatal, autonómico o local.

Fuentes del entorno de Michavila expusieron la dificultad que supone para el ex ministro separar sus contactos personales, labrados durante años de servicio en la Administración, y los clientes que se acercan a su despacho por el prestigio profesional de sus abogados. El diputado del PP conjuga su escaño con el trabajo en Eius, y con labores más conocidas como la representación de artistas como Shakira y Alejandro Sanz. Esta variedad de actividades le ha valido en dos ocasiones (2004 y 2006) el 'premio' anual "desconocido del Parlamento" que otorga la Asociación de Periodistas Parlamentarios.