En aquella primavera de 2003 Rafael Simancas y Rodríguez Zapatero supieron que las reyertas familiares son las peores. Rajoy ya tuvo ocasión de comprobarlo en la primavera del 2008, cuando Esperanza Aguirre se destapó como pretendiente. Pero el espionaje político entre compañeros de su propio partido es dosis de caballo para una persona decente como Mariano Rajoy, genéticamente incapacitado para practicar el juego sucio. Es lo que sus enemigos internos echan en falta para reconocerlo como el líder capaz de poner fuera de combate a Zapatero, por las buenas o por las malas.
Pero hay quienes no comparten el estilo de Rajoy y dentro de sus propias filas practican las malas artes. Con pocos escrúpulos en las lindes del Código Penal. A saber: si en este país alguien hace labores de espionaje no relacionadas con la comisión, la prevención o el esclarecimiento de un delito, el delito lo está cometiendo ese alguien. Y quien se lo encarga. Como mínimo, violación de la intimidad. Si quien lo encarga es un servidor público, hay delito añadido de prevaricación. Con malversación de fondos públicos, además, si el trabajo se retribuye con cargo a los presupuestos de una determinada institución.
Son las generales de la Ley. A los jueces les toca decidir si son de aplicación, y en su caso cómo han de aplicarse, al caso. Ya está abierta la vía judicial por denuncia de los espiados. Y la vía política por decisión de Mariano Rajoy como máximo dirigente del PP y primer interesado en depurar responsabilidades, algo que ha causado un visible malestar en el equipo de Esperanza Aguirre. A partir de aquí, puede pasar de todo. Procesamientos, en lo judicial. Ceses o dimisiones, en lo político. Salvo que, como dice el consejero Güemes, secretario de Comunicación del PP madrileño, todo fuese una gran mentira fabricada por El País para perjudicar a Esperanza Aguirre y ganarse el favor de Caja Madrid.
La ira contra el mensajero tiene sonados precedentes en este país con los papeles cambiados. Recordemos el gesto contraído de Felipe González en el tramo final de su reinado, cuando El Mundo le ponía un sapo cada día junto al desayuno. Pero esos ataques de contrariedad tenían y tienen las patas muy cortas. Se pierden en la polvareda ante la contundencia de los hechos: todo lo contado empieza y termina en el entorno de la familia del PP encargada de gobernar la Comunidad de Madrid.
¿Por qué llegamos a esa conclusión? Entre otras muchas cosas, por confirmación de los espiados. Y porque los “partes” de seguimiento, verdaderos, reales, contantes, sonantes, van dirigidos al director de Seguridad de la Consejería, Sergio Gamón. El propio vicepresidente, Ignacio González, declara en un primer momento que el operativo viene de su propio entorno. Lo confirman en público o en privado dirigentes del partido. Gente tan seria como Álvaro Lapuerta, ex tesorero e histórico dirigente del PP. Confiesa que en su día avisó a Rajoy de que le estaban espiando agentes vinculados al Gobierno de Madrid. Mucho más explícitos son el ex consejero de Justicia, Alfredo Prada, o el vicealcalde, Manuel Cobo, que ya han reclamado el amparo de los tribunales.
Luis Vicente Moro, ex delegado del Gobierno en Ceuta, ha explicado que por aquella época (primavera de 2008), en medios profesionales relacionados con la seguridad era vox populi la existencia de un servicio secreto ilegal en la Comunidad de Madrid. Por su parte, el jefe de los asesores de Seguridad de la CA, Marcos Peña, llegó a declarar con toda naturalidad que dirigió un grupo para investigar la corrupción del PSOE por orden del consejero Granados.
Y así sucesivamente. Pero si Esperanza Aguirre y su gente prefieren decretar la muerte del mensajero, allá ellos. Más dura será la caída.
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