La Filesa pepera

LO QUE NOS FALTABA. Una Filesa en el PP, que se llama Orange Market. En ambos casos, una tapadera para financiar ilegalmente a un partido político. A la espera de que el escándalo se decante hacia uno u otro lado. O sea, hacia el presidente de la Comunidad de Valencia, Francisco Camps, o hacia el ministro del Interior, Pérez Rubalcaba. Uno de los dos es indigno de seguir gestionando los intereses de los ciudadanos.

El reduccionismo es una herramienta del periodista para trasladar un mensaje claro, fácil de entender. En este caso la utiliza con acierto un diario de Madrid al editorializar sobre la supuesta financiación irregular del PP valenciano, canalizada a través de la empresa Orange Market (la sombra del caso Gürtel, otra vez), según un informe de 89 páginas de la brigada policial encargada de perseguir el blanqueo de dinero dentro de la Unidad Central de Delincuencia Económica.

Mensaje reduccionista pero atinado. Si es cierto lo que se cuenta con todo detalle en el referido informe policial, conversaciones telefónicas incluidas -se supone que autorizadas por el juez-, el presidente valenciano, Francisco Camps, el vicepresidente Rambla y la cúpula del PP de la región deberían irse de la política inmediatamente, amén de las responsabilidades penales que hayan podido contraer.

Si, por el contrario, todo es un montaje político urdido desde el Ministerio del Interior, como ha sugerido el portavoz del PP a escala nacional, González Pons, el comportamiento indigno sería el del ministro Rubalcaba y de los mandos policiales que hubiesen ordenado este abominable trabajo de campo para desacreditar a una institución, la Generalitat valenciana, a un partido político, el PP, y a sus dirigentes. Esa parece ser la tesis del PP, la de que detrás hay una 'mano política'.

El líder nacional del partido, Mariano Rajoy, no es tan explícito. Echa balones fuera al recordarnos que no hay caso porque los jueces han exculpado a Camps y han rehusado entrar en este asunto. Se refiere a la negativa del Tribunal Superior de Justicia de Valencia a incorporar el supuesto de financiación ilegal a la sobreseída causa del “cohecho impropio” (los regalos).

Pero un líder no puede quedarse ahí. El asunto es demasiado grave como para atenerse sólo a una decisión judicial (TSJV) que, por cierto, no coincide con otra decisión judicial (TSJM), que sí ve indicios de delito. Sobre todo si la opinión pública ya ha interiorizado que el presidente del TSJV, Juan Luis de la Rúa, es amigo íntimo de Camps, como ambos han declarado sin ningún complejo. Ya sabíamos de la decisión de los jueces. Lo que no sabemos aún es si el PP de Valencia se ha financiado o no ilegalmente. Y Rajoy no ha despejado a duda. Si lo sabe, sería el máximo responsable político. Si no lo sabe, mal hace su trabajo.