Estado policial

LA DENUNCIA HECHA AYER por la secretaria general del PP asegurando que cargos de su partido que no tienen “nada que ver” con sumarios judiciales han sido víctimas de “escuchas telefónicas ilegales” implica una de las acusaciones más graves que se han hecho en nuestra Democracia. Dolores de Cospedal llegó a decir que España vive hoy bajo “un Estado policial” y responsabilizó de ello al Gobierno por, según dijo, “utilizar” de forma partidista “a la Fiscalía General, a la Policía judicial, a los servicios del Ministerio del Interior y al CNI”.

En el comunicado que el PP publicó el pasado 19 de julio culpando al Gobierno de tratar de “aniquilarles”, ya se aludía a las “filtraciones de conversaciones telefónicas” y a la violación del derecho al “secreto de las comunicaciones”. Cinco días después, Federico Trillo presentaba una denuncia en el juzgado por la “vulneración de ámbitos protegidos legalmente” y la posterior “divulgación a un tercero para su publicación”, en referencia a medios afines al Gobierno.

Hace meses que en el PP se tiene la convicción de que se ha pinchado el teléfono a altos cargos del partido. El último en dar la voz de alarma ha sido precisamente Trillo. Tal y como hoy desvela ‘El Mundo’, el coordinador de Justicia del PP habló en varias ocasiones por teléfono la semana pasada con el abogado Juan Ramón Montero, que colabora en la defensa de los implicados de este partido en el caso Gürtel. La sorpresa del ex ministro fue comprobar cómo, a las pocas horas, una cadena de radio advertía que Trillo estaba presionando al juez Juan Montero, el magistrado del Tribunal Superior valenciano que a la postre emitió un voto discrepante contra el archivo del caso de los trajes. ¿Se espió a Trillo y quien lo hizo confundió a un Juan Montero con otro? El problema de Trillo y del PP estriba en que es prácticamente imposible probar que le grabaron. Por eso sorprende la rotundidad de la denuncia de ayer de Cospedal, acusando sin matices al Gobierno de “corrupción política” e imputándole un grave delito castigado con penas de cárcel.

Es verdad que el PP tiene motivos para sentirse perseguido por la Fiscalía. Desde que Zapatero llegó al Gobierno ha habido al menos 43 detenidos populares por 20 socialistas. No es sólo que sumarios tan sonados como el abierto contra el presidente del PP en Canarias, José Manuel Soria, hayan acabado en nada, es que se ha dado el caso, por ejemplo, de que una simple denuncia anónima ha servido para que agentes de la Guardia Civil rastrearan las tiendas de Palma preguntando por las compras de la esposa del ex presidente Jaume Matas.

Con todo, el intolerable doble rasero que está empleando el Ministerio Público no debería servir al PP para ponerse una venda en los ojos. Tanto en el caso Gürtel como en buena parte de los casos que se investigan en Baleares, incluido el Palma Arena, parece claro que hay materia suficiente como para que intervenga la Justicia. Al PP debería empezar a preocuparle, por tanto, la gran cantidad de asuntos turbios que están aflorando en las instituciones que gobierna o ha gobernado. Que el PSOE pueda haber engendrado situaciones similares no debe ser ningún consuelo. Y viceversa.

Aunque la vicepresidenta De la Vega aseguraba ayer que las instituciones funcionan en España “con normalidad”, no parece normal que el portavoz del PP en Palma, líder de la oposición municipal, detenido por prevaricación, acabe pasando 72 horas en los calabazos. Bartolomé Vicens, dirigente de UM -socio del PSOE en el Govern- acusado en un asunto más grave por un cohecho de más de un millón de euros, nunca fue detenido y simplemente fue llamado a declarar. En todo caso, la denuncia del PP de que el Gobierno está violando derechos fundamentales es tan tremenda que no puede quedar sólo en eso. Al margen de lo que digan los juzgados, el Gobierno debe responder con datos más precisos a los indicios que conocemos, y el PP debe tratar de aportar más pruebas de las que presenta e incorporarlas a las acciones judiciales emprendidas.