Un sistema insolidario

EL NUEVO MODELO DE financiación de las Comunidades Autónomas va a suponer, a corto plazo, un aumento del déficit público -11.000 millones de gasto adicional, que representan nada menos que el 1% del PIB-, y un incremento del peso relativo de las autonomías con respecto a una Administración Central en retirada y cada vez más débil. A medio plazo se producirá el efecto perverso de profundizar aún más en las diferencias que ahora existen entre las regiones más ricas y más pobres de España. Es, además, una propuesta hecha a la medida de las necesidades políticas y hasta electoralistas de Zapatero, especialmente en Cataluña.

Pero de no ser por el déficit público adicional que va a generar y porque la millonada adicional que recibirá la Generalitat puede destinarse a asuntos que se escapan a lo que la mayoría entenderíamos por servicios públicos esenciales (a saber, sanidad, escuelas, competitividad, etc.), estaríamos ante un sistema ideal para que Cataluña regenere un economia competitiva que entierre el actual entremado clientelar. O sea, sería buena para los catalanes. Pero me temo todo lo contrario: que la Generalitat dedicará los nuevos recursos a alimentar su poderosa estructura política, que es lo único que ha hecho primar en las negociaciones con el Gobierno español para zanjar la futura financiación. Es decir, 3.800 millones que blindarán al tripartito,... hasta de CiU. La vicepresidenta económica del Gobierno subrayó el domingo que todos salen ganando con el nuevo sistema, pero la realidad es que Cataluña recibirá una financiación adicional de unos 3.800 millones de euros, lo que supone el 35% de los 11.000 millones de incremento total. Cataluña tiene el 16% de la población española, pero su PIB supone el 18% porque es una de las comunidades con rentas más altas. A pesar de ello, recibirá una financiación por encima de la media nacional, lo que resulta bastante difícil de conciliar con una noción redistributiva de los impuestos.

Como se ha podido constatar en los últimos días, Zapatero ha negociado de forma bilateral con Montilla, que ha conseguido un trato de privilegio para Cataluña . El president ha hecho valer la fuerza de los escaños del PSC en el Congreso y la importancia de una alianza política que es vital para que el PSOE siga gobernando. Igualmente, la amenaza de ruptura de ERC -socio del tripartito- forzó a Zapatero a elevar en el último momento su ya generosa oferta.

Como aseveró ayer Cristóbal Montoro, el Gobierno ha diseñado un sistema “antisocial” que “va a dar más al que tiene más”, primando los criterios de interés político sobre los principios de cohesión y solidaridad. Lo primero que hay que reprocharle al Ejecutivo es la falta de transparencia de la negociación, en la que el Gobierno ha marginado al PP. Todo indica que Zapatero ha primado a las comunidades afines.

Elena Salgado se jactó el domingo de que el nuevo sistema es mucho más justo que el de 2001 porque el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales va a asegurar que los habitantes de todas las comunidades tengan una financiación equivalente para esas prestaciones básicas, como la salud y la educación. El 75% de la recaudación de todas las comunidades irá a una caja común para financiar ese fondo, al que el Estado contribuirá también.

La idea es buena, pero, como Salgado reconoció nada garantiza que las comunidades dediquen el dinero de ese fondo a servicios básicos. En el libre ejercicio de su autonomía financiera, podrían dedicar esos recursos a abrir embajadas en el extranjero, como está haciendo Carod-Rovira. Otro de los aspectos más criticables del nuevo sistema es, como apunté, que aumenta la cesión al 50% de la recaudación del IRPF y del IVA a las comunidades, lo que favorece a las regiones más ricas, cuya media de ingresos fiscales es más alta. Este incremento hace que el Estado disponga de cada vez menos fondos para redistribuir.

Habrá que esperar para valorar con más conocimiento de causa el nuevo sistema de financiación, ya que hasta ahora Elena Salgado ha rehusado facilitar cifras concretas. De momento, el juicio no puede ser favorable en nuestro actual marco político. Ni es más equitativo que el anterior ni va a contribuir a reactivar la economía. Eso sí, las comunidades van a tener mucho más dinero para gastar cuando todos los ciudadanos se aprietan el cinturón.