La ley del Menor

LA VIOLACIÓN DE UNA disminuida psíquica en Isla Cristina (Huelva) por siete menores, días después de otro abuso a una adolescente en Baena por también cinco menores, ha provocado una intensa polémica sobre la reforma de la ley de Responsabilidad Penal del Menor, aprobada por un amplio consenso en enero de 2000.

La ley ha sido objeto de diversas modificaciones, como el endurecimiento de las sanciones y la posibilidad de personación de los perjudicados en el proceso, pero hay todavía un amplio sector social que considera que se trata de una norma excesivamente benévola con el infractor. En este sentido, dos diputados del PP, Alfonso Alonso y Rafael Hernando, anunciaron ayer que su partido va a presentar en septiembre una proposición de ley para reformar la actual normativa del menor. Ambos se manifestaron a favor de un endurecimiento de las penas tras subrayar que existe “un clamor social” y la necesidad de “una mayor protección a las víctimas”. Por su parte, Leire Pajín afirmó que el PSOE no es partidario de improvisar una legislación “por casos concretos”, pero que está dispuesto a abordar el debate después del verano, cuando se enfríe la actual polémica.

Lo que sucede es que las agresiones sexuales y los delitos violentos de menores se han convertido en algo habitual en nuestra sociedad y no en un fenómeno episódico. Por ello, hay que afrontar el problema cuanto antes, aunque no sea fácil de solucionar, ya que la ley exige conciliar el carácter rehabilitador de los castigos con su efecto disuasorio, de suerte que el delincuente no tenga sensación de impunidad pero que tampoco se le cierre la puerta a la reinserción. Tampoco es fácil determinar por qué en los últimos años se ha producido un aumento tan importante de los delitos y las agresiones sexuales de los menores, aunque debe tener mucho que ver en ello la crisis del modelo familiar, la banalización del sexo y el cuestionamiento de la autoridad que todos podemos constatar a nuestro alrededor.

Dicho esto, me parece que, efectivamente, hay que volver a reformar la Ley de Responsabilidad del Menor, además de introducir las mejoras en el sistema educativo para que los adolescentes repudien estas conductas. Lo primero que habría que reconsiderar es la propia edad en la que se puede exigir responsabilidad penal al menor. Ahora empieza a los 14 años, de suerte que los chicos de 12 y 13 años no pueden ser castigados penalmente, aunque sí sometidos a un programa de 'protección'. Creo que es necesario reducir esa edad de 14 a 12 años, como en Alemania, ya que considero que, a partir de ese umbral, habitualmente existe discernimiento. Esos jóvenes de 12 y 13 años deberían ser reeducados en un centro especial hasta que cumplieran su mayoría de edad en casos de grave delito.

Los actuales máximos de internamiento de seis a 10 años para los adolescentes de 14 a 17 años también me parecen insuficientes para casos de extrema gravedad, como el asesinato de Sandra Palo en 2003, cuyo autor ya está en libertad. Y tampoco me parece congruente que un joven que acaba de cumplir 18 años sea castigado con hasta 15 años de cárcel por violación mientras que otro al que le falta una semana para cumplir esa edad pueda estar en la calle a los cuatro o cinco años de internamiento en un centro.

Son medidas propuestas por numerosos expertos y que, por lo menos, el Parlamento debería discutir en esta reforma, que me parece tan urgente como necesaria. Lo que no vale es fingir que no pasa nada y luego llevarse las manos a la cabeza cuando pasa.