PRÁCTICAMENTE TODOS LOS MEDIOS han relacionado el atentado de ayer en Madrid con la impugnación de las listas electorales de los amigos de ETA por parte del Tribunal Supremo. Es decir, el atentado como respuesta a una decisión de los tribunales. Mal visto. Nos equivocamos al vincular el atentado con el ataque de contrariedad que la banda ha debido sufrir al ver frustrada su consigna de participación en las elecciones autonómicas del 1 de marzo por razones políticas y económicas. Las dos cosas están conectadas, claro, pero la formulación debe ser justamente la contraria. Es al revés. Es el Tribunal Supremo el que ha relacionado “a priori” su decisión de vetar en las urnas a los amigos de ETA (impugnadas las listas de D3M y Askatasuna para las próximas elecciones vascas) con el enésimo y previsible atentado de la banda.
Les hacemos un gran favor al tratar de descifrar sus intenciones por transferencia de nuestra propia lógica. A estas alturas del drama deberíamos saber que estos criminales nunca necesitaron pretextos para amargarnos la vida. Por mejor decir: nunca les faltaron pretextos con tal de amargarnos la vida. Ahora les ha dado por la ecología y se la tienen jurada a las constructoras que, como Ferrovial-Agroman, tienen adjudicados distintos tramos del tren de alta velocidad que ha de conformar la llamada “Y” vasca. Pero antes, o al mismo tiempo, pueden atentar contra el edificio de Euskal-Telebista, o contra la Universidad de Navarra, o asesinar a un concejal.
El coche bomba colocado ayer por la mañana en el Campo de las Naciones viene a confirmar el acierto de la decisión del Tribunal Supremo del judicial. Prueba irrefutable de que siguen vigentes las razones del Estado para frenar a quienes defienden sus ideas a golpe de coche bomba. Por el coche bomba, no por sus ideas. Como ayer venía a decir el ministro Rubalcaba, la propia ETA se ha encargado de ratificar la decisión judicial, consistente en impedir que quienes usan la violencia compitan electoralmente, en pie de igualdad, con quienes usan la palabra, la persuasión, el debate y el resto de medios legales disponibles en la legítima lucha por el poder.
Al grano. Con bomba o sin bomba, estas van a ser las primeras elecciones vascas sin terminales políticas de ETA en el Parlamento vasco. Y las primeras en mucho tiempo que anticipan un verosímil final del largo reinado nacionalista. Las encuestas siguen coincidiendo en que la suma de escaños comprometidos con la Constitución Española, aún en la peores hipótesis para el PSOE y el PP, las dos fuerzas centrales del sistema, sigue siendo de 38, que es el umbral de la mayoría absoluta.
Sobre ese cimiento debería crecer la restauración de la normalidad democrática en este castigado rincón de la geografía política nacional. Un tiempo nuevo en el que la libre expresión de los vascos en las urnas se lleve por delante a ETA y derrote –en las urnas, insisto-, el segregacionismo formulado en el vacío por una parte de los nacionalistas vascos.
Nada del otro mundo. Sin embargo parece un programa de máximos. A eso hemos llegado, a ver casi como una utopía la conquista de la convivencia y el respeto mutuo, sin que una mitad de los vascos decida sobre la otra mitad, donde nadie se sienta excluido ni, por supuesto, amenazado por quienes se pasan por el arco del triunfo el Código Penal y el Quinto Mandamiento en nombre del credo nacionalista. El dato: 40.000 personas viven sometidos a la amenaza permanente de ETA según un reciente estudio de Gesto por la Paz.
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