CATALUÑA ACABA 2010 CON más de 1.000 concursos de acreedores, la vía administrativa más utilizada para disolver un negocio, aunque muchos empresarios simplemente optan por “bajar la persiana”. El primer día de trabajo del nuevo consejero de Empresa y Ocupación de la Generalitat, Xavier Mena, ha coincido con la presentación del informe anual ‘Radar Empresarial’, elaborado por Axesor. Según estos datos, el gobierno de Artur Mas tiene una asignatura urgente: acudir al rescate de las pymes catalanas.
Catalunya ha acabado 2010 con 1.059 concursos de acreedores –la antigua suspensión de pagos-, el 24% del total español y, se calcula, con 995 empresas menos. A Cataluña le sigue a distancia la Comunidad de Madrid, con 648 procedimientos concursales que suponen el 14,7% español, y la Comunidad Valenciana, con 640 y el 14,5%. Baleares y Cataluña, sin embargo, encabezaron la creación de nuevas empresas, 77.000 en toda España. El capital escriturado o suscrito por las nuevas sociedades aumentó en 2010 un 34,37%, superando los 6.300 millones.
Las dificultades de acceso al crédito y la falta de demanda llevan meses afectando a las empresas. Un sinfín de deudas y unos ingresos cada vez menores han puesto, por tercer año consecutivo, a los empresarios en serios apuros para sacar a flote sus negocios. Estos casos de insolvencia empresarial han provocado que el 99,8% de las empresas catalanas que han cerrado en los últimos 12 meses hayan sido pymes. En España son el 98,3%.
Pero la realidad es más preocupante, según los expertos. Pere Brachfield, uno de los mayores especialistas en la lucha contra la morosidad, asegura que “los concursos de acreedores son la punta del iceberg de la situación”. El ‘morosólogo’ añade que “la mayoría de los concursos presentados están impulsados por los administradores que los pueden pagar y que no quieren asumir las responsabilidades directas derivadas del concurso necesario, el que piden los creditores”, por lo que no se puede conocer con exactitud el número real de empresas que han cerrado, en todo caso mayor al oficial.
Buena parte de las pymes catalanas son pequeños comercios o profesionales que “simplemente bajan la persiana”, según Pere Brachfield, y no acuden a los procedimientos administrativos que derivan en la disolución de la empresa. La Confederación de Comercio de Catalunya asegura que la situación “es crítica”. Por ello, el secretario general del organismo, Miquel Àngel Fraile, reclama a la Generalitat “medidas urgentes para las pymes y de estímulo del comercio de proximidad”. Otros gremios se han pronunciado en sentido similar.
Controversia legal
Los datos de informes como ‘Radar empresarial’ o de organismos oficiales como el Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan las carencias legales que regulan los casos de insolvencia empresarial. La prueba para expertos como Pere Brachfield es que el 94% de estos procedimientos concursales termina en la liquidación de la sociedad y no en su rescate como prevé la Ley. Esta realidad mantiene vivo el debate sobre una nueva reforma del texto legal que muestra además claras deficiencias con la legislación de otros países del entorno.
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