¿Qué hay de lo mío?

A MEDIDA QUE PASAN los meses y los apuros económicos de las administraciones públicas son menos disimulables, se van conociendo prácticas que rozan la ilegalidad administrativa. Los ayuntamientos y las autonomías son las que, de momento, nos hacen llevar las manos a la cabeza con más frecuencia, aunque quizá cuando se tire de la manta del Gobierno espanyol nos darán a todos un puñetazo en la boca del estómago.

Si nos llamó la atención que se encontrarán facturas sin contabilizar, o sea en los cajones, por valor de 2.000 millones en Castilla-La Mancha, curiosamente el mismo importe que emergió en Portugal tras el examen que de las cuentas públicas hizo el nuevo gobierno, en Catalunya, por lo visto, no había cajón que soportara el despilfarro del tripartito. No me imagino, tras su llegada a la consejería, a Mas-Colell recogiendo del suelo las facturas que no cabían en los cajones de Castells, pero casi.

Sólo una situación de extrema delicadeza puede empujar a la consejería de trabajo de la Generalitat a bordear la ilegalidad a sabiendas, como ha reconocido el número dos del departamento en una reunión con patronales, sindicatos, luces y taquígrafos (o sea actas) y por lo tanto susceptible de ser demostrable con facilidad e inocultable por mucho tiempo. Los agentes sociales, como les gusta llamarse, estaban en modo “¿qué hay de lo mío?” cuando se dieron de bruces con la realidad.

Enric Colet, el secretario de Empresa y Ocupación, les dijo que la Generalitat está usando fondos finalistas para pagar gasto corriente aunque (en principio) estaban destinados a la formación de parados. Esos fondos se cultivan en las retenciones a empresas y trabajadores de sus cuotas a la Seguridad Social. Ni más ni menos.

Pocos días antes, el propio Mas avisaba a sindicalistas y patronos que era necesario controlar hasta el último céntimo destinado a formación para priorizar calidad y no cantidad. Proponía primar la ocupabilidad de los cursos. Lo que quizá no sabía Mas es que a sus espaldas los de Mena van pagando la luz con esos euros que el Presidente catalán quiere auditar. De todas maneras, no está mal la idea, pero claro aplicarla significaría el fin del chollo de los agentes sociales. Tanto se tensó el ambiente en Foment –donde explicó sus intenciones– que Mas tuvo que remarcar que no sospechaba de nadie, faltaría más. Mucho menos de Colet.

La noticia del uso de los fondos finalistas desató un intensó debate en Twitter, particularmente entre sindicalistas que mostraron su indignación y acusaban a la Generalitat de malversación de fondos públicos. Y tienen razón, tanta que deberían ir a ver al fiscal. Así que les pregunté por quién de ellos se iba a animar, sesgando de plano la intensa tertulia 2.0 que se había desatado. Nadie contestó ni se refirió más al asunto, porque nadie va a ir. Como tampoco lo hizo Diego Martínez, el segundo de UGT en Catalunya y testigo del momento Colet, que perfectamente podría haber aprovechado la tarde para interponer la denuncia oportuna.

Pero me temo que, nuevamente, todos van pasar una temporada con tortícolis. La situación se quedará en la denuncia periodística que hizo Economía Digital, no sea que quien pida que está práctica se investigue en busca de responsabilidades deba responder después qué está haciendo con los fondos finalistas que administra. Así que recae sobre trabajadores y empresas empezar a preguntarnos abiertamente: "¿qué hay de lo mío?”